Así lo explicó el titular de la institución, Andrés Lugo Risk, durante el Simposio sobre la Reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas, en el que se presentaron los objetivos de la iniciativa y las mejoras propuestas al marco legal vigente.

Las APP permiten que empresas privadas participen en el financiamiento, la construcción u operación de infraestructuras y servicios de interés público, mediante contratos de largo plazo que establecen las responsabilidades y los riesgos de cada parte. En República Dominicana, este modelo está regulado por la Ley núm. 47-20 y su reglamento de aplicación, establecido mediante el Decreto núm. 434-20.

Por su parte, Angelo Gómez, subdirector de Contratos, explicó la metodología propuesta para implementar las mejoras. Entre ellas figura la reducción del tiempo de evaluación, estructuración y adjudicación de los proyectos, que actualmente puede tomar entre 24 y 36 meses, a un período de entre 10 y 18 meses, mediante procedimientos ajustados a la complejidad de cada iniciativa.

Gómez también abordó el fortalecimiento de la capacidad estatal para identificar y preparar proyectos, así como la creación de mecanismos para financiar los estudios técnicos, jurídicos y financieros necesarios antes de convocar a los inversionistas.

Otro de los ejes de la reforma es la optimización de activos públicos, que permitiría a empresas privadas invertir en determinadas instalaciones estatales y gestionarlas mediante contratos que establezcan la distribución de los ingresos y los riesgos, sin que ello implique necesariamente transferir la propiedad de los bienes.

La propuesta también contempla cambios en las reglas de financiamiento, la distribución de responsabilidades entre el Estado y los inversionistas y los procedimientos de licitación, con el propósito de reducir demoras y facilitar la ejecución de las iniciativas.

Durante el simposio, Jennifer Contín como parte del equipo de la división de Contratos de APP, mencionó algunos proyectos en los que han trabajado y ya se pueden ver resultados. Uno de ellos es el puerto Duarte, en Arroyo Barril, Samaná, adjudicado en 2023 mediante un contrato de 33 años y con una inversión privada anunciada de US$68.7 millones. Además, señaló la inspección técnica vehicular como una de las iniciativas previstas para licitación.

Con estos cambios, la reforma busca ampliar las oportunidades de inversión y mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos. Sin embargo, sus resultados dependerán de la aprobación definitiva de las modificaciones, la calidad de los contratos y la capacidad del Estado para supervisar su cumplimiento.